Fernando Polanco Ochoa / Chilpancingo, Gro.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estableció en su informe preliminar que los tres niveles de gobierno tienen responsabilidad en la agresión a balazos contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre del año pasado.
No obstante, concluyó que la trayectoria de los disparos que mataron a los estudiantes, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, “se hicieron de poniente a oriente” en la Autopista del Sol.
Añadió que la trayectoria de las balas disparadas por “armas de alto poder” corresponde a la posición de los policías estatales y agentes ministeriales que ocuparon durante el desalojo violento contra los estudiantes.
Sin embargo, también fundó que los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron policías federales e instantes después el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.
Dadas las circunstancias y de acuerdo con las evidencias arrojadas en la investigación, la CNDH, dedujo que “los servidores públicos que dispararon muy probablemente son de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal”.
Cabe señalar que en hechos resultó gravemente herido por quemaduras de tercer grado el trabajador de la gasolinera “Eva”, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, que a la postre le causaron la muerte, al evitar que el fuego de una de las bombas de esa estación de servicio que fue incendiada por dos personas no identificadas se propagara y causara un estallido de graves consecuencias.
Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, durante el informe preliminar sobre el caso que presentó este lunes, donde informó que en un plazo de 60 días estará concluida la investigación.
En el desglose del informe, el ombudsman nacional, aseguró que en los hechos del 12 de diciembre participaron 167 elementos policiacos -entre ellos varios vestidos de civil-, de los cuales 67 iban armados y 57 pertenecen a la Policía Federal.
Sin embargo, dijo que hasta el momento desconocen la duración del tiroteo contra los normalistas, ni el calibre de las armas usadas, pero adelantó que por los proyectiles que impactaron en la humanidad de los dos normalistas muertos se puede deducir que “las armas eran de alto calibre”.
Mencionó que por esos hechos hasta el momento no se ha citado a declarar a ningún elemento de la Policía Federal, pero añadió, no obstante, que siguen evaluando la posibilidad de solicitar la comparecencia de quien sea para concluir con la investigación.
Informó que derivado de las investigaciones se arribó a la hipótesis de que los servidores públicos que arribaron al lugar de los hechos no “preservaron debidamente el lugar” y contaminaron la zona y borraron indicios claves para el esclarecimiento del caso.
Explicó en el informe preliminar que los funcionarios que participaron en los hechos y los responsables de su coordinación “omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo, así como cumplir con la debida diligencia el servicio de seguridad pública”.
Plascencia Villanueva, sostuvo que existen elementos para considerar que hubo “graves violaciones a las garantías individuales durante el enfrentamiento entre policías y alumnos de la Normal de Ayotzinapa”.
“Se observaron violaciones graves a los derechos a la vida, el trato digno, la seguridad e integridad personal, la libertad, la seguridad jurídica y la legalidad, atribuibles a personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal y del gobierno del estado”, tanto por quienes intervinieron directamente en los acontecimientos, como de quienes ordenaron o toleraron dichas acciones u omisiones.
Porque derivado de las evidencias se concluye que de manera arbitraria fueron detenidas 24 estudiantes, entre ellos cuatro menores de edad y una mujer, quienes presentaron visibles huellas de tortura.
Además de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pretendió responsabilizar a un estudiante de Ayotzinapa por el asesinato de dos de sus compañeros a quien incluso lo obligaron a detonar un fusil de alto calibre para que diera positivo en la prueba de rodizonato de sodio.
Plascencia Villanueva, también mencionó que la CNDH “no avala que particulares y manifestantes, a través del uso de la fuerza, pretendan que las autoridades tomen determinaciones” a su favor.
Policías federales dispararon contra los estudiantes, insiste López Rosas
Pese a la hipótesis que planteó la CNDH en su informe preliminar, el ex procurador general de Justicia, Alberto López Rosas, insistió que los disparos que privaron de la vida a los dos estudiantes de Ayotzinapa “provinieron de norte a sur y no de poniente a oriente”.
Denostó el informe preliminar de la CNDH porque aseguró que está sustentado en base “a supuestos” y afirmó que la “justicia debe ser en base a pruebas concretas y puedo afirmar que los disparos que privaron de la vida a los dos jóvenes provinieron de norte a sur y no de poniente a oriente”.
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