viernes, 5 de julio de 2013

Ilegal la operación de la caseta número 3 de Iguala



*Podría eliminarse el próximo año cuando venza la tercera concesión
*El hecho sería un detonante de la economía regional
*Llama la Unión de Usuarios de la Autopista a sumarse a esta lucha

José Joaquín Román
Iguala, Gro.- Debido a que la operación y explotación de la autopista concesionada tramo carretero Iguala-Buenavista-Amacuzac es ilegal, existen fundamentos y jurisprudencia, incluso en materia fiscal, para  retirar ya la renovación de la tercera concesión que concluye en 2014 y eliminar la caseta de cobros número 3 ubicada a las afueras esta ciudad, con el consiguiente beneficio para la economía de la Región Norte del estado.
Lo anterior se dio a conocer luego de  llevarse a cabo, el domingo pasado, una sesión  ordinaria más de la Unión de Usuarios de la Autopista Iguala-Amacuzac, que aglutina a diversas organizaciones y representaciones de docentes, profesionistas, colegios especializados,  jubilados y pensionados, miembros y socios de la CANACO local, CANACOPE, CANIRAC, la Asociación de Hoteles y Moteles de Iguala, Ejidatarios, empresarios y comerciantes en general.
En dicha reunión  se realizó un informe ejecutivo del avance en las gestiones de reorganización del nuevo padrón de solicitantes del programa residente Iguala, de la integración de la nueva mesa directiva sección Iguala, del avance y respuesta de la  Comisión Federal de Competencia ante la petición de Opinión Jurídica  de la actual operación del tramo carretero Iguala-Buenavista-Amacuzac que evidencia prácticas monopólicas.
Prácticas que se ven reflejadas, señala el informe, en el cobro inequitativo de peaje a poblaciones cortas y aledañas, del pago obligado de peaje sin una vía  alterna entre  el municipio de Buenavista y  los demás aledaños,  por lo que la salida y entrada a este  municipio  fronterizo de Buenavista se encuentra muy  marginado  y  vinculado solamente con el vecino estado de Morelos dejando sin  posibilidad y desventaja para acceder a ese mercado local a los agentes económicos de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco, Huitzuco, Taxco, así como el resto del estado que desearan acceder a ese dinámico  mercado de Buenavista con más de 20 comunidades.
En dicha reunión se ratifico y avaló el informe del Presidente fundador y actual de la organización, Jesús María Flores Botello, quien señaló que se encuentra superada la etapa de  presencia física en las áreas entorno a la plaza de cobro tras contar con una presencia legal directa en la agenda pública  gubernamental a nivel federal  con BANOBRAS, CAPUFE, SHCP y la propia SCT y ahora con la Comisión Federal de Competencia y la CNDH donde se insiste y se muestra jurídicamente que la actual operación y explotación de la autopista concesionada en forma ilegal e irregular puede implicar sanciones muy delicadas a los funcionarios que insistan en mantener este tipo de bloqueos y explotación a una región económica sobre todo de la zona norte del estado que se encuentra supeditada y atada a un impuesto, gravamen y enajenación fiscal  totalmente irregular, violatoria en la Ley de Vías Generales de Comunicación, la ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley  Federal y reglamento de Competencia Económica, así como acuerdos internaciones suscritos por  México ante organismos económicos internacionales, pero sobre todo que  restringe la dinámica económica regional  y  en  particular en los  municipios, comunidades y agentes económicos diversos del estado de Guerrero.
En un análisis más profundo  y maduro, el representante legal  y  líder de esa  ONG con sede en Buenavista e Iguala, señaló que si se aplica la norma vigente en materia de explotación y otorgamiento de concesiones de una autopista de  cuota se debe exigir por parte de las dos cámaras de diputados local y federal, así como la del senado el retiro  o cancelación de la concesión de explotación de esta autopista, la segunda más antigua del país.
Explicó que fue construida sobre lo que era el camino federal Amacuzac-Iguala cuyo registro data desde 1954 en su primera concesión de solo 20 años, repitiendo esta  en forma irregular otros 20 años hasta 1994 y en forma por demás fuera de la legalidad se otorgó a NAFINSA y  luego a BANOBRAS una concesión que terminará en el 2014 y que sorprendentemente, a través de datos otorgados por el IFAI se determinó que jamás se ha elaborado el decreto expropiatorio de los terrenos  del mismo, de ampliación del derecho de vía a  40 metros de ancho y menos indemnizado a sus propietarios por lo que cabe un amparo colectivo e individual por esa grave omisión.
Informó que ha descubierto incluso jurisprudencia respecto a la enajenación fiscal de bienes en 20 años perdiendo su valor y la  inconstitucionalidad de seguir operando en libros con algún costo, coincidente en lo que señala la propia Ley de Caminos en cuanto al único periodo de las concesiones, por lo que hay fundamento y jurisprudencia incluso fiscal en materia para  retirar ya la tercera concesión que concluye en 2014.
Por lo que solicitó el apoyo nuevamente del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de los Senadores del estado, de los legisladores local y federal, así como de los demás alcaldes  para que acepten incorporarse a la demanda y reclamo del retiro de la concesión a BANOBRAS  y se libere el cobro del peaje a todo el  que transite por ese tramo carretero, al existir  ya uno de cuota por  la Autopista del Sol, lo que generaría más empleos, dinámica económica, aumento a las relaciones diversas entre los  municipios aledaños y se rescataría la legalidad y continuidad del tramo federal México-Iguala-Chilpancingo-Acapulco con los altos beneficios  económicos y de riqueza colectiva y social que esto implica, además de  beneficiar a todo transportista de carga pesada y pasajeros al retirarse el actual alto cobro.
Flores Botello resaltó que existen los elementos suficientes para exigir la indemnización, pago del IVA recaudado  hasta ahora y el 22% por participaciones federales a los municipios que actualmente cuentan con una plaza de cobros o peaje de CAPUFE y BANOBRAS, por un monto aproximado de $1,500 millones de pesos anuales y con retroactividad a cinco años,  ya que actualmente el domicilio fiscal  de todas ellas es en la ciudad de México lo que  beneficiaría ante la SHCP si se suman a este reclamo autoridades de Taxco, Buenavista, Iguala, Acapulco, Chilpancingo, Huitzuco y Tixtla.
Solicitó también el apoyo de todas las organizaciones económicas y sociales  para que se sumen a la firma de esa petición de liberar definitivamente este tramo carretero federal al Presidente Peña Nieto en el marco de la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac
Ratificó su interés por acudir personalmente a entregar esta nueva petición  y  propuesta a los legisladores y al Presidente Peña Nieto, así como a no decaer en la lucha sosteniendo y enarbolando con firmeza y en su pleno derecho de lucha el lema de la asociación “Nuestra base la Constitución, Nuestro Estandarte la Razón”.
Resaltó por último que en estos días  se llevarán  a cabo reuniones con representaciones  de transportistas, economistas y abogados de Chilpancingo  y Acapulco para sumarse a este reclamo.

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