Acapulco,
Gro., (Boletín).- Diputados locales aprobaron por mayoría reformas
a la Ley de Educación del Estado, para garantizar la gratuidad de la educación,
el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de este sector y
la creación de un Instituto de Profesionalización y Evaluación educativa en la
entidad.
En la jornada legislativa de
este martes, se aprobó el dictamen emitido por las Comisiones de Educación,
Ciencia y Tecnología y Presupuesto y
Cuenta Pública, que destaca que el gobierno estatal apoyará a las autoridades educativas federales para que realice la
evaluación del sistema educativo en la entidad con el apoyo de las autoridades
estatales.
Esto
para mejorar la educación de los niños, jóvenes y docentes, considerando
criterios como la diversidad sociocultural, demográfica y socioeconómica del
estado, establece el documento.
Asimismo,
establece que los resultados de la evaluación serán tomados como base por las
autoridades educativas para que, en el ámbito de su competencia, tomen medidas
pertinentes en cuanto al desarrollo laboral de los docentes, garantizando en
todo tiempo el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de
la educación.
En tanto, se aprobó que las autoridades estatales
podrán proponer a la SEP estándares complementarios para la promoción de los
trabajadores a cargos directivos, tomando en cuenta las particularidades del
Estado, incluidas las de la educación de los pueblos originarios.
Sobre las plazas de nueva creación, se señala que
se sujetarán a concurso de oposición como lo establece la Constitución Federal
y podrán participar los egresados de Escuelas Normales Públicas de Guerrero.
Los legisladores también plasmaron en la Ley que no
podrá condicionarse la inscripción, la igualdad en la prestación del servicio
educativo, la aplicación de exámenes, ni la entrega de documentos escolares al
pago de cualquier cuota.
En las reformas se establece que el Gobierno
estatal destinará a inversión pública en el sector educativo un monto anual,
que no podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio fiscal inmediato
anterior, actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique el
Banco de México y considerando prioritariamente los pueblos originarios.
Se destaca, además, que es obligación y responsabilidad
de las autoridades educativas federal y estatal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, el sostenimiento de las escuelas públicas, y no de
los padres de familia; sin menoscabo de la gestión que hagan a otras
instancias.
El decreto establece que en los 180 días
posteriores a la entrada en vigor del decreto, deberá presentarse la iniciativa
para la creación del Instituto de Profesionalización y Evaluación Educativa de
Guerrero, para coadyuvar en la transparencia del proceso de evaluación
educativa, en coordinación con la Federación.
Para ello, se realizarán foros de consulta entre
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los
padres de familia.
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